Desde Independientes por Estella-Lizarra denunciamos la decisión de Contigo Zurekin de destinar el actual edificio de la Residencia Santo Domingo, una vez trasladada al antiguo Albergue de Oncineda, a otro centro para menores extranjeros no acompañados, en lugar de recuperar la función de Albergue Juvenil, tal y como fue acordado y solicitado por el Ayuntamiento en la pasada legislatura.
Queremos dejar claro que nuestra postura no es contraria a la apertura de centros de atención a menores, sino a que esta decisión suponga dejar a Estella-Lizarra sin un albergue juvenil municipal, una infraestructura clave para la ciudad. Durante años, este equipamiento ha permitido acoger competiciones deportivas multitudinarias, campus juveniles y educativos y actividades que generaban actividad económica y dinamización social.
La ciudad asumió la pérdida temporal del albergue mientras se acometía el traslado de la residencia, con el compromiso de recuperarlo posteriormente. Romper ahora ese compromiso supone recortar de forma muy significativa las capacidades de desarrollo de Estella-Lizarra, especialmente en un contexto económico cada vez más incierto, marcado además por el fin de los fondos Next Generation EU y la falta de nuevas inversiones estructurales.
Alertamos del troceamiento progresivo de las capacidades de la ciudad, que pierde infraestructuras que funcionaban y generaban desarrollo económico y social sin que existan alternativas claras ni planes de sustitución. Las decisiones que se toman desde Pamplona deben tener en cuenta la realidad y las necesidades de Tierra Estella, y no limitar aún más sus oportunidades de desarrollo.
Por todo ello, exigimos que se respete lo acordado, que se escuche a la ciudad y que el edificio de la actual Residencia Santo Domingo recupere su función como Albergue Juvenil, una infraestructura imprescindible para el presente y el futuro de Estella-Lizarra. Reclamamos una planificación seria y responsable que no enfrente necesidades sociales, pero que tampoco sacrifique infraestructuras clave para el desarrollo de Estella-Lizarra. Defender el albergue juvenil municipal es defender el futuro de la ciudad.
No hablamos de “plazas” ni de “edificios”, hablamos de personas, menores que necesitan atención especializada, estabilidad, acompañamiento educativo y recursos adecuados. Tratar esta realidad sin planificación es una irresponsabilidad institucional. No se puede multiplicar las personas de una ciudad sin aumentar los servicios y encima recortar infraestructuras que generan desarrollo.
Abrir centros sin un plan integral (educativo, social, sanitario y de integración) no garantiza una atención digna ni para los menores ni para el entorno que los acoge. La improvisación nunca es una solución cuando se trata de personas vulnerables. ¿Qué futuro se les va a ofrecer si se limita el desarrollo económico de la ciudad?
La concentración de recursos sin análisis territorial genera tensiones innecesarias y no responde ni a las necesidades reales de los menores ni a las de las comunidades locales. La acogida debe hacerse con equilibrio, planificación y responsabilidad.
Utilizar infraestructuras que ya cumplían funciones clave para otros colectivos, sin ofrecer alternativas ni reforzar servicios, no soluciona un problema: crea dos. Se pierde capacidad de desarrollo local y no se garantiza una atención adecuada a los menores. ¿En qué situación queda la ciudad perdiendo la capacidad de traer y albergar eventos multitudinarios?
La atención a menores extranjeros no acompañados requiere profesionales cualificados, proyectos educativos claros, coordinación con servicios sociales y recursos suficientes. Nada de esto puede improvisarse ni resolverse con decisiones de despacho. Crear centros sin aumentar los recursos de los servicios de la ciudad que los acogerá solo tensionará los servicios actuales y creará conflictos innecesarios.
Defender una planificación seria es defender también los derechos de estos menores. Sin planificación, ni la ciudad ni las personas atendidas salen beneficiadas.
La solidaridad no puede basarse en parches ni decisiones de urgencia permanente. Tiene que apoyarse en políticas públicas bien diseñadas, con recursos, objetivos claros y respeto tanto a las personas acogidas como a las comunidades que las reciben.
